PODER JUDICIAL INAUGURÓ CENTRO DE DATOS CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Doctor César San Martín aclaró al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

 

El presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, inauguró hoy el moderno Centro de Datos (Data Center) principal del Poder Judicial, implementado con tecnológica de última generación, que contribuirá al correcto funcionamiento de los servicios informáticos de este poder del Estado. 

 

El acto se cumplió en el nuevo edificio del Poder Judicial “Carlos Zavala Loayza”, ubicado en la calle Manuel Cuadros, al costado de Palacio de Justicia, donde está instalado esta obra de tecnología de punta. 
 
San Martín dijo que este Centro de Datos favorecerá la obtención de mayores niveles de funcionalidad, disponibilidad y seguridad de los servicios jurisdiccionales y administrativos que se brinda a los ciudadanos.

 

Indicó además que permitirá sentar las bases tecnológicas para el desarrollo y la implementación ordenada del Expediente Digital o Electrónico del Poder Judicial.   

 

Detalló que este Centro de Datos se diseñó y construyó teniendo en cuenta las normas y estándares internacionales, permitirá incrementar la seguridad de la información del Poder Judicial, así como un máximo rendimiento en velocidad en la transmisión de voz y datos.

 

Subrayó que reduce el riesgo de perder información por motivos o causas físicas de transmisión, y contiene una tecnología flexible adaptable a los cambios futuros.

 

A partir del 15 de enero

 

Informó que entrará en producción a partir del 15 de enero, porque en las dos primeras semanas de próximo mes se realizará el traslado de la información a dicha plataforma tecnológica. 

 

Luego el gerente de Informática del Poder Judicial, Eduardo Roncal, explicó con más detalle el funcionamiento de este Centro de Datos.

 

Aclaración al presidente del Consejo de Ministros

 

De otro lado, César San Martín, aclaró al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien en una reciente declaración manifestó que “uno de los pasivos más grandes que tiene el Perú en materia de servicios públicos es la administración de justicia”.

 

“Estamos demostrando mayor productividad, transparencia, ordenación de los servicios, tecnología, y un posicionamiento institucional nunca antes visto en el Poder Judicial”, subrayó San Martín. 

 

Citó como ejemplos los dos premios a nivel internacional obtenidos por el Poder Judicial a través del programa social “Justicia en tu comunidad”, iniciativa de acercamiento a la población, y el proyecto Data Center del Poder Judicial, como la mejor propuesta tecnológica.

 

También corrigió a Jiménez Mayor quien dijo que el “Poder Judicial y el Ministerio Público deberán reajustar su requerimiento de casi 1,500 millones de soles para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Lima”.

 

San Martín precisó que el Poder Judicial sólo pidió 260 millones de soles en total, de los cuales 232 millones de soles serían destinados para los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao, y los restantes 28 millones de soles para los tres distritos judiciales del VRAEM.  

 

La autoridad judicial dijo incluso que la cifra total solicitada para todas las instituciones involucradas en la aplicación del NCPP –incluidas, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior- alcanza los 1,328 millones de soles, y no 1,500 millones como dijo Jiménez Mayor.

 

De otro lado, consideró adecuada la propuesta del presidente del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez para que el Poder Judicial resuelva en última instancia los procesos de amparo y de hábeas corpus, con lo cual se produce un viraje conceptual en la arquitectura constitucional, del modo germano – hispano al italiano.

 

“Personalmente, su planteamiento me parece adecuado”, dijo San Martín, y agregó que de concretarse aquietará las aguas interinstitucionales y bajarán las tensiones entre el Poder Judicial  el TC.     

 

Lima, 27 de diciembre de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA