RECONOCIDAS AUTORIDADES Y EXPERTOS DE ARGENTINA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS PROPONEN POLÍTICAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

En el primer día del Congreso Nacional de Acceso a la Justicia para Personas Adultas Mayores, cuatro reconocidos exponentes internacionales abordaron la problemática que sufre este sector vulnerable de la población y propusieron importantes soluciones.

Guido Lorenzino Matta, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, refirió que en la actualidad los adultos mayores son sujetos de derecho, con poder para elegir.

Durante su presentación indicó que estas personas afrontan una situación difícil en Argentina, pues están obligados a solicitar préstamos bancarios para cubrir los pagos de servicios básicos como luz y agua.

María del Carmen Carreón Castro, integrante de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, afirmó que es necesaria la articulación entre los tres poderes del Estado para crear políticas públicas que subsistan en el tiempo; sin olvidar la ejecución y supervisión de las mismas.

La magistrada manifestó que las personas mayores se convierten en un grupo subordinado cuando superan los 60 años de edad, porque viven en soledad, en abandono y en muchos casos son discriminados; además comentó que es necesario apoyarlos promoviendo espacios laborales con el fin de aprovechar su experiencia y conocimiento.

“En México, se busca legalizar el rol de cuidados para que los abuelos encargados de la crianza de sus nietos puedan recibir una remuneración”, enfatizó.

En el cónclave reveló que en el mundo existen 106 millones de personas con más de 60 años y en el 2050 existirán 310 millones.

El representante de la OEA, expresó que los indígenas son los más vulnerables porque muchos viven en el campo y no cuentan con un ingreso mensual como Pensión 65.

“La vejez no sólo es cronológico, también hay factores sociales que ayudan; por tal motivo debe existir el envejecimiento activo y saludable”, refirió.

Cabe resaltar que María Alejandra López,  directora general de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, explicó la situación de los adultos mayores en la prisión. 

Luego comentó que en la actualidad existe el monitoreo electrónico para que este sector vulnerable de la población pueda cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Por último, el juez superior Samuel Santos Espinoza resaltó la importancia de que exista el Sistema de Alerta Judicial para las Personas Adultas Mayores. 

El coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, afirmó que el sistema informático es un importante avance que identifica los procesos donde participan las personas para garantizar la celeridad procesal. 

Después del ciclo de conferencias, por la tarde continuó el cónclave. Los representantes de diversas instituciones del Estado, disertaron sobre la situación de las personas de la tercera edad en el país y comentaron el trabajo que ejecutan a favor de ellos.

Renato Constantino Caycho, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, afirmó que debemos proteger la autonomía de los adultos mayores porque ellos aún pueden decidir. “Al adulto mayor no se le pregunta qué quiere y no quiere hacer”, opinó el especialista.

Juan del Castro y Dorador, especialista del Ministerio de Salud, aseguró que en la actualidad los pacientes adultos mayores son abandonados en el hospital por sus familiares.También mencionó que para el año 2020, los niños menores de 5 años de edad van a ser menos que los ciudadanos de 65 en todo el mundo. 

Lupe Gómez Huamán, del Ministerio de Justicia, informó que el 20% de personas atendidas en el Área de Defensa de Víctimas pertenecen a este sector vulnerable de la población. Según la abogada, la mayoría de los casos son denuncias contra la ONP.

La última de la tarde fue la magistrada Wilda Cárdenas. Durante su intervención detalló el trabajo que realiza el Poder Judicial a favor de las personas adultas mayores.