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Justicia inclusiva en marcha

SUPERVISAN QUE TRIBUNALES Y JUZGADOS CUMPLAN ALERTAS JUDICIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

  • Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a través de la Odanc-Lima, realiza visita ordinaria a Segunda Sala Civil



La Autoridad Nacional de Control (ANC), a través de la Oficina Descentralizada de Lima (Odanc-Lima), realizó una visita judicial ordinaria a la Segunda Sala Civil de Lima para supervisar, entre otras acciones, si el mencionado órgano jurisdiccional cumple con los protocolos de atención judicial para personas adultas mayores, así como para personas con discapacidad (PCD).


Esta visita estuvo a cargo de la jueza Glenda Zegarra Bravo, responsable de la Unidad de Calificación e Investigación Preliminar de la Odanc-Lima, quien verificó, además, que las demandas de las personas en condición de vulnerabilidad sean calificadas con celeridad y de manera prioritaria.


“Las visitas ordinarias, como la realizada a la Segunda Sala Civil de Lima, buscan verificar un real y efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, tal como lo establece las Cien Reglas de Brasilia”, señaló la magistrada contralora.


Cabe recordar que Zegarra Bravo forma parte de las 220 juezas, jueces y servidores de la ANC de todo el país que participan en el curso “Atención de personas en condición de vulnerabilidad y gestión de quejas de personas con discapacidad”.


La mencionada actividad académica es organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, en coordinación con el referido órgano contralor del Poder Judicial.


El referido curso tiene como objetivo dotar las herramientas necesarias para que las juezas y jueces contralores actúen con competencia y sensibilidad, a fin de asegurar que todos los usuarios del sistema judicial sean tratados con dignidad y respeto.


“Tanto en mis visitas ordinarias, como en las extraordinarias, estamos poniendo énfasis en que haya una atención diligente y  preferente a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad”, señaló Zegarra Bravo.


BALANCE DE LA VISITA


Durante las dos jornadas de la visita, la magistrada de la Odanc-Lima comprobó que la Segunda Sala Civil de Lima presenta una sobrecarga procesal debido a que recibe expedientes de 19 juzgados (diez civiles transitorios, ocho civiles tradicionales y uno especializado en sentencias supranacionales).


De manera global, este tribunal tiene una carga de 1700 expedientes con casos de procesos civiles puros y complejos, reivindicaciones de recuperación de propiedad, prescripción adquisitiva, nulidad de actos jurídicos, resolución de contratos, entre otros.


Del total de estos expedientes, la sala cuenta con 238 con alerta judicial para personas adultas mayores y uno de personas con discapacidad, los cuales cuentan con un número mínimo de escritos pendientes por proveer.


Al respecto, la presidenta de este tribunal civil, jueza Sara Echevarría Gaviria, señaló que están cumpliendo con los sistemas de alerta y que el compromiso es que en la brevedad no haya ningún expediente sin atención preferente.


LAS ALERTAS


Como se recuerda, los sistemas de alerta judicial para personas adultas mayores como para PCD son dos funcionalidades implementadas por el Poder Judicial para advertir a juezas y jueces sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan miembros de estas poblaciones en vulnerabilidad.


En el caso de las personas adultas mayores, si estas tienen o son mayores de 60 y menor de 75 años, el sistema identificará la parte con color ámbar, de “atención preferente”, en tanto, si es mayor será de color rojo de “prioridad en la atención preferente” para el proceso.


Cabe  señalar que en el caso de las PCD, el pasado 4 de julio la Comisión de Acceso a la Justicia realizó el lanzamiento de la interoperabilidad con el CONADIS y la activación de la alerta judicial a través de la Mesa de Partes Electrónica para mejorar el acceso a la justicia de esta población en condición de vulnerabilidad.


Lima, 22 de julio de 2024